Diputados priistas piden la intervención de la FGR y la Fiscalía Anticorrupción tras los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación sobre posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos.
El Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León exigió que las autoridades competentes inicien investigaciones y presenten denuncias formales por los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) relacionados con presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos, simulación de operaciones y transferencias hacia personas físicas y morales vinculadas al entorno del gobernador Samuel García.
La bancada tricolor consideró que las observaciones del órgano fiscalizador representan un asunto de máxima gravedad institucional, por lo que demandó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y demás instancias correspondientes para investigar los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades.
PRI exige rastrear contratos, facturas y transferencias
Los legisladores señalaron que es indispensable profundizar las auditorías sobre la cadena de pagos, mediante el rastreo documental de contratos, facturas y transferencias bancarias, con el objetivo de identificar a los beneficiarios finales de los recursos señalados.
Asimismo, exigieron que el Ejecutivo estatal entregue de manera oportuna, completa y transparente toda la información solicitada por los órganos auditores.
Desde el Congreso local, los diputados priistas advirtieron que mantendrán una supervisión permanente sobre el manejo del presupuesto estatal para evitar posibles actos de impunidad.
La bancada del PRI sostuvo que las observaciones de la ASF coinciden con información que obra en poder de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León.
De acuerdo con los legisladores, en dicha documentación el propio Ejecutivo estatal reconoce movimientos de recursos públicos que habrían llegado a despachos vinculados con su entorno familiar, aunque busca justificarlos mediante argumentos que ahora son cuestionados por el organismo fiscalizador federal.
Los diputados subrayaron que estos señalamientos no deben reducirse a una confrontación política ni quedar sin esclarecer mediante la presentación de recursos jurídicos de amparo.
Finalmente, insistieron en que las autoridades deben actuar conforme a derecho, investigar a fondo el destino de los fondos públicos y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
