El auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, reveló posibles esquemas de simulación de operaciones y transferencias hacia cuentas vinculadas con familiares de servidores públicos. Las indagatorias podrían alcanzar al entorno del gobernador Samuel García.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de Nuevo León, relacionadas con posibles esquemas de triangulación de dinero, simulación de operaciones y transferencias bancarias hacia personas físicas y morales vinculadas familiarmente con servidores públicos.
Los hallazgos fueron dados a conocer por el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, durante la presentación de la segunda entrega de los informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2025.
De acuerdo con el funcionario, las revisiones permitieron identificar patrones de movimientos financieros mediante los cuales recursos públicos habrían sido transferidos inicialmente a empresas proveedoras para posteriormente dispersarse hacia otras cuentas bancarias.
ASF identifica rutas del dinero público
Hernández Palacios explicó que el organismo fiscalizador logró identificar las posibles rutas utilizadas para movilizar los fondos observados, así como operaciones que podrían constituir mecanismos de desvío de recursos públicos.
En Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago de proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos.
Aureliano Hernández Palacios
El auditor evitó revelar nombres de posibles involucrados debido a que las investigaciones continúan y deben respetarse los procedimientos legales correspondientes.
¿Las investigaciones alcanzan a Samuel García?
Al ser cuestionado expresamente sobre si las indagatorias involucran al gobernador de Nuevo León, Samuel García, Hernández Palacios indicó que el asunto forma parte de las investigaciones en curso, por lo que evitó adelantar conclusiones.
La ASF mantiene bajo revisión las operaciones financieras señaladas para esclarecer el destino final de los recursos públicos y determinar las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hallazgos.
Hasta el momento, los señalamientos corresponden a observaciones de auditoría y no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad penal contra el mandatario estatal o alguna otra persona.
