FGR espera deportación de Inés Gómez Mont para detenerla

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La expresentadora de televisión enfrenta tres órdenes de aprehensión, una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y dos por defraudación fiscal equiparada.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó que Inés Gómez Mont Arena salió de México y que las autoridades mexicanas realizan gestiones en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos para lograr que enfrente a la justicia.

En un mensaje transmitido el 2 de noviembre de 2026 a través de las plataformas oficiales de la institución, Godoy Ramos señaló que la expresentadora de televisión habría recibido recursos de procedencia ilícita y evitado el pago de aproximadamente 13 millones de pesos en impuestos.

La fiscal detalló que Gómez Mont Arena cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México: una por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por defraudación fiscal equiparada.

Godoy explicó que desde septiembre de 2025 se solicitó a las autoridades estadounidenses su detención provisional con fines de extradición y que, posteriormente, en coordinación con el Departamento de Justicia de ese país, se integró la petición formal correspondiente.

Asimismo, indicó que durante las últimas semanas la FGR ha intercambiado información con autoridades estadounidenses, a quienes también les fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes contra Gómez Mont.

La funcionaria precisó que su detención actual está relacionada con su situación migratoria, cuya resolución corresponde exclusivamente a las autoridades de Estados Unidos.

En ese sentido, señaló que, si el Gobierno estadounidense determina su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión en cuanto llegue a territorio mexicano.

Finalmente, la titular de la FGR subrayó que Inés Gómez Mont goza de la presunción de inocencia, por lo que serán los tribunales mexicanos los encargados de determinar su eventual responsabilidad, conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso.

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