La primera comisión de trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un proyecto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León a analizar las presuntas triangulaciones de recursos públicos hacia el despacho del gobernador Samuel García, así como el gasto millonario en publicidad relacionado con el mandatario estatal.
La propuesta fue presentada por las diputadas federales de Morena Sandra Patricia Palacios Medina, Adriana Belinda Quiroz Gallegos, Olga Leticia Chávez Rojas y Petra Romero Gómez, y será sometida a consideración del Pleno de la Comisión Permanente durante la sesión programada para el próximo miércoles.
En su planteamiento original, las legisladoras también solicitaron dirigir un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que informara sobre las carpetas de investigación abiertas respecto de estas operaciones y, en su caso, procediera a acumularlas o ampliarlas.
Asimismo, planteaban que la autoridad federal revisara operaciones financieras en las que pudieran estar involucradas empresas nacionales o extranjeras, además de posibles vínculos con familiares del gobernador.
No obstante, durante el análisis del asunto, la primera comisión de trabajo determinó modificar el proyecto y eliminar el exhorto dirigido a la FGR, dejando únicamente la solicitud a la Fiscalía estatal.
El acuerdo establece que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para que «analice los hechos relacionados con las presuntas triangulaciones de recursos públicos y gastos irregulares en publicidad vinculados al Gobernador del Estado de Nuevo León».
Además, señala que, de encontrar elementos suficientes, la autoridad ministerial deberá iniciar o continuar las investigaciones correspondientes, realizar los actos de investigación pertinentes, recabar los datos de prueba necesarios y deslindar las responsabilidades que correspondan respecto de personas físicas o morales que pudieran estar relacionadas con los hechos.
De acuerdo con el análisis realizado por la comisión legislativa, la petición dirigida al Ministerio Público Federal fue descartada al considerar que ya existen carpetas de investigación en proceso sobre estos hechos.
