Un nuevo escándalo inmobiliario ha encendido las alertas en el estado, luego de que al menos 185 compradores del proyecto residencial Aldea Sur, ubicado en el municipio de Santiago, formalizaran denuncias ante la Fiscalía General de Justicia por un presunto fraude que asciende a cientos de millones de pesos.
El caso involucra a César Alejandro Pérez, actualmente detenido, quien a través de su defensa ha planteado un acuerdo reparatorio que contempla la creación de un fideicomiso respaldado con un inmueble en la zona de El Barro, también en Santiago. El valor de dicha propiedad, que sería destinado a resarcir el daño a las víctimas, no ha sido especificado, lo que ha generado incertidumbre entre los afectados.
La problemática se remonta a 2018, cuando la empresa Creare Residences, S.A. de C.V., propiedad del propio Pérez, comenzó a promocionar diversos desarrollos inmobiliarios como Lomas de las Misiones, Fuentes de las Misiones, Aldea Sur, Lomas del Barro y Dalia. A través de estos proyectos, se ofrecían viviendas con un valor promedio cercano a los tres millones de pesos, solicitando un enganche del 33 por ciento y prometiendo su entrega en un plazo de aproximadamente dos años.
No obstante, en la mayoría de los casos, las construcciones nunca se concretaron. Las viviendas no fueron entregadas en los tiempos establecidos y, en muchos casos, ni siquiera iniciadas, lo que derivó en múltiples denuncias penales por fraude. Se estima que cerca de mil personas resultaron afectadas, de las cuales alrededor de 500 han iniciado procesos judiciales que actualmente se encuentran en distintas etapas.
El imputado fue ingresado al penal de Apodaca en enero de 2024 bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Sin embargo, la propuesta de acuerdo reparatorio ha dividido a las víctimas, quienes enfrentan un dilema complejo: aceptar un mecanismo con vacíos de información o rechazarlo con el riesgo de que el acusado obtenga beneficios legales.
Entre las principales preocupaciones destaca la falta de claridad sobre el valor real del inmueble ofrecido en garantía, así como la ausencia de detalles respecto a posibles penalizaciones por incumplimiento contractual. Especialistas advierten que aceptar un acuerdo en estas condiciones podría implicar la renuncia a recuperar la totalidad del patrimonio invertido.
En este contexto, el papel de la Fiscalía resulta clave. Más allá de fungir como mediadora, la institución tiene la responsabilidad de asegurar que cualquier acuerdo cumpla con el principio de reparación integral del daño, verificando la viabilidad del fideicomiso y garantizando que todas las víctimas cuenten con información clara, completa y oportuna.
No se vale que la Fiscalía actúe en favor de quien hirió los intereses de la sociedad, porque no hay que olvidar que la institución del Ministerio Público es representante de la sociedad.
Ciudadano afectado
Por su parte, el grupo de compradores ha solicitado la intervención directa del Gobierno del Estado y de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), exigiendo el aseguramiento de los bienes de la empresa para garantizar la reparación del daño, así como el ejercicio de acción penal contra el representante legal de la firma, quien, señalan, cuenta con antecedentes de procesos legales.
Ahorramos toda una vida para un patrimonio en Santiago y hoy solo tenemos un papel firmado y una deuda con el banco. Exigimos justicia”, declaró otro de los afectados durante la ratificación de su denuncia.
Este caso se suma a una creciente crisis de confianza en el sector inmobiliario de Nuevo León, donde la falta de regulación en esquemas de preventa ha dejado en situación de vulnerabilidad a cientos de familias que buscaban invertir en zonas de alta plusvalía. La resolución de este conflicto no solo pondrá a prueba al sistema de justicia, sino también la capacidad institucional para garantizar certeza jurídica y proteger el patrimonio de los ciudadanos.
