Ante la preocupación por la presencia de plomo en la sangre de menores de edad, el Congreso del Estado exhortó a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) a realizar una investigación técnica, independiente y transparente sobre las fuentes fijas que emiten partículas de metales pesados en la zona metropolitana.
La propuesta fue impulsada por la diputada Claudia Caballero Chávez, quien advirtió que el problema no es reciente y ha sido denunciado durante años sin que exista una respuesta efectiva por parte de las autoridades responsables.
Lamentablemente, las consecuencias de la inacción son evidentes y afectan directamente a uno de los sectores más vulnerables de la población: nuestras niñas y niños.
Claudia Caballero
Agregó que la falta de medidas oportunas compromete tanto el bienestar inmediato como el desarrollo a largo plazo de la infancia, por lo que urgió a una intervención seria y responsable.
De acuerdo con lo expuesto, en las zonas donde habitan los menores con presencia de plomo en sangre se han identificado cerca de 50 empresas industriales. Entre ellas destacan Zinc Nacional, Ternium, Nemak y Johnson Controls, cuyas actividades —como el reciclaje de baterías, la producción de acero y la fabricación de autopartes— están asociadas a la emisión de metales pesados.
Caballero Chávez recordó que desde hace más de dos décadas la UANL ha documentado esta problemática. En el año 2000, investigadores del Hospital Universitario detectaron que el 15 por ciento de 30 recién nacidos analizados presentaban concentraciones de plomo en la sangre, lo que evidenciaba un riesgo ambiental persistente.
Ante este panorama, el Congreso también solicitó a la Secretaría de Salud estatal realizar estudios en escuelas públicas y privadas ubicadas cerca de zonas industriales, con el objetivo de detectar posibles afectaciones en la población infantil.
El llamado legislativo busca no solo identificar con precisión las fuentes contaminantes, sino también generar información confiable que permita implementar acciones concretas para proteger la salud de la población, especialmente de niñas y niños expuestos a estos contaminantes.
