CONATRAM denuncia la reaparición de abusos y extorsiones contra transportistas en Nuevo León, principalmente por parte de tránsitos municipales y servicios de grúas, y exige la intervención inmediata de autoridades estatales y municipales para frenar estas prácticas.
La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), organización con más de 30 años de trayectoria en la defensa y fortalecimiento del autotransporte en México, denunció la reaparición de prácticas de abuso y extorsión que afectan gravemente al sector del transporte de carga y pasaje en el estado de Nuevo León, por lo que exigió la intervención inmediata de las autoridades estatales y municipales.
La Confederación recordó que en julio de 2024 transportistas afiliados realizaron una manifestación en la entidad para protestar por actos de extorsión y abusos, lo que permitió visibilizar la problemática y propició acciones correctivas en diversos municipios.
Reconoció los avances logrados en Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, General Escobedo, General Zuazua, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Pesquería, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago, donde se han establecido mecanismos de atención, coordinación y diálogo para prevenir detenciones arbitrarias y abusos por parte de elementos de tránsito municipal.
No obstante, CONATRAM advirtió que actualmente persisten y se han intensificado prácticas que vulneran el derecho al libre tránsito y afectan la operación del sector, con un impacto negativo en la economía y la cadena logística del estado.
Entre las principales problemáticas, señaló los abusos sistemáticos y actos de extorsión por parte de elementos de tránsito municipal en San Pedro Garza García, Ciénega de Flores y García, quienes —denunció— utilizan de manera indebida la amenaza de remisión a corralón mediante grúas para exigir pagos irregulares, apoyándose en reglamentos municipales que contravienen la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Asimismo, la Confederación denunció la anarquía y los cobros excesivos en los servicios de grúas y corralones, con tarifas desproporcionadas que alcanzan miles de pesos por pocos días de resguardo, además del cobro por maniobras que, en muchos casos, no se realizan.
Añadió que se ha detectado la operación de permisionarios y concesionarios sin la documentación completa, situación que persiste por la falta de supervisión y, en algunos casos, por la protección de autoridades.
Este tema —recordó— ya fue expuesto a nivel nacional en la Mañanera del Pueblo ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que pidió al Gobierno de Nuevo León sumarse de manera decidida para ordenar y supervisar estos servicios, particularmente en los municipios señalados.
De igual forma, CONATRAM acusó abusos en operativos de las policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, los cuales han derivado en detenciones arbitrarias, revisiones ilegales y afectaciones al libre tránsito, además de la extralimitación de atribuciones al operar, en la práctica, como controles de tránsito y no como acciones de investigación del delito.
La Confederación aclaró que no solicita impunidad ni excepciones para el autotransporte, sino la aplicación estricta de la ley, con sanciones conforme a derecho para infracciones debidamente acreditadas, el pago legal de las mismas y la liberación inmediata de las unidades, evitando el uso indiscriminado de grúas y corralones.
Ante este panorama, CONATRAM exigió la instalación urgente de una mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León y los presidentes municipales de la zona metropolitana de Monterrey, a fin de frenar los abusos, sancionar a los malos elementos y avanzar en la homologación normativa entre leyes estatales y reglamentos municipales.
También demandó coordinación inmediata con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para inspeccionar y, en su caso, retirar del servicio a grúas y corralones que operen fuera del marco legal.
Además, solicitó reuniones de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado para establecer mecanismos de supervisión y control, así como con las comisiones de Justicia y Seguridad, Movilidad y Economía del Congreso local, con el objetivo de impulsar reformas legislativas que delimiten claramente el uso de la grúa, establezcan la obligatoriedad de terminales electrónicas de pago para infracciones, el uso de cámaras portátiles en operativos de tránsito y sanciones penales y administrativas para quienes operen sin permiso o concesión.
