La discusión en torno a la Reforma Electoral y la incorporación de la CURP biométrica ha trascendido el ámbito técnico para instalarse en el terreno político, con un debate marcado por preocupaciones sobre libertades ciudadanas, seguridad y la credibilidad del sistema democrático mexicano.
El gobierno federal sostiene que la medida permitirá agilizar trámites y mejorar la atención a víctimas, así como los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, críticos, especialistas y colectivos advierten que podría derivar en la construcción de una infraestructura de vigilancia masiva.
De acuerdo con la información oficial, la CURP biométrica podrá tramitarse de manera opcional a partir de octubre de este año; no obstante, la hoja de ruta prevé su emisión generalizada en enero de 2026 y su obligatoriedad un mes después, lo que ha generado cuestionamientos sobre el verdadero carácter voluntario de la disposición.
¿Herramienta de ayuda o de control?
Norberto Maldonado, experto en tecnología y ciberseguridad, señaló que la biometría ofrece beneficios operativos, como la verificación de identidades o la agilización de búsquedas. Sin embargo, advirtió que esos beneficios dependen de los límites y el diseño institucional.
“Sin límites claros y supervisión independiente, la biometría se convierte en una puerta a abusos: la obligatoriedad y la centralización de datos son dos líneas rojas”, subrayó. Además, alertó sobre la posible exclusión de sectores vulnerables debido a la brecha digital en el país.
El paquete de reformas en discusión en la Cámara de Diputados contempla que distintas instancias gubernamentales tengan acceso a datos personales, incluidos biométricos, sin contrapesos judiciales definidos. Entre las principales preocupaciones se encuentran el debilitamiento del INAI, la ausencia de auditorías externas y la falta de transparencia en el manejo de bases de datos.
Maldonado advirtió que plataformas complementarias que concentren credenciales y biométricos elevan el riesgo de filtraciones y suplantación de identidad.
“Si además se debilitan los órganos fiscalizadores, las garantías se vuelven letra muerta”, afirmó.
Por su parte, el gobierno insiste en que la ley establece controles y que cualquier uso ilegítimo podría ser sancionado. Sin embargo, especialistas plantean la necesidad de mecanismos tangibles: auditorías externas, límites al acceso de fuerzas de seguridad, retención mínima de datos, evaluación de impacto en derechos humanos y rutas alternativas para quienes no quieran o no puedan entregar su información biométrica.
Más de un centenar de colectivos y familias de personas desaparecidas han manifestado su rechazo, al considerar que la CURP biométrica y la Plataforma Única de Identidad no atienden las causas estructurales de la crisis forense y de búsqueda, y que, por el contrario, concentran información sensible sin resolver la falta de capacidades de las instituciones encargadas.
“La respuesta debió ser fortalecer a las instituciones ya existentes, no sustituirlas con un entramado tecnológico que concentra datos y se aleja de la realidad”, enfatizó Maldonado.
Aunque la CURP biométrica promete beneficios en la simplificación de trámites y apoyo en búsquedas, su obligatoriedad prevista para 2026 y el marco legal que amplía las facultades de seguridad sin contrapesos claros mantienen la polémica abierta.
“En un país donde el ransomware crece 65% cada año, y con antecedentes de espionaje y uso cuestionable de tecnologías de vigilancia, la discusión debe darse con transparencia, información y acuerdos que preserven libertades y fortalezcan la confianza ciudadana”, concluyó el experto.
