El coordinador del Gabinete de Buen Gobierno planteó integrar a universidades, empresarios y sociedad civil en el rediseño del Poder Judicial, ante un retraso de más de 570 días en la armonización local.
La reforma al Poder Judicial de Nuevo León debe construirse con la participación de universidades, organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil, a fin de garantizar la independencia de los juzgadores y evitar que la impartición de justicia responda a intereses políticos, afirmó Javier Navarro Velasco, coordinador del Gabinete de Buen Gobierno del Estado.
Durante su participación en la charla “La Justicia de Nuevo León ¿Rezagada?”, organizada por Letras de Poder en el Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de Tecnología (CIETT) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), el funcionario señaló que la entidad tiene la oportunidad de desarrollar un modelo judicial acorde con sus condiciones económicas, sociales y jurídicas.
Estos cambios a nuestro sistema judicial tienen que estar pensados en función de los requerimientos de los nuevoleoneses. Una reforma norteña que se base en nuestra realidad.
Javier Navarro Velasco
Navarro Velasco recordó que Nuevo León acumula más de 570 días de retraso en la armonización de la reforma judicial local respecto al plazo constitucional establecido, por lo que consideró necesario acelerar los trabajos legislativos para evitar afectaciones a la certeza jurídica.
Propone evaluar a jueces y magistrados
El coordinador del Gabinete de Buen Gobierno advirtió que la designación de quienes imparten justicia no debe depender exclusivamente de mecanismos de selección aleatoria, sino de procedimientos que permitan valorar sus capacidades y trayectoria profesional.
Estamos hablando de decisiones que impactan la vida de las personas, las familias y las empresas. La selección de jueces y magistrados debe garantizar experiencia, capacidad y principios éticos.
En este contexto, respaldó la iniciativa impulsada por el Centro de Estudios de Derecho (SEAD), en conjunto con organismos empresariales y ciudadanos como CAINTRA, Coparmex y el Consejo Cívico, que plantea establecer un sistema de evaluación integral para las personas aspirantes a cargos dentro del Poder Judicial.
La propuesta contempla examinar los conocimientos jurídicos, la experiencia profesional, los principios éticos y las capacidades para administrar recursos y personal, además de incorporar evaluaciones psicológicas.
También plantea que el proceso de selección sea supervisado por un organismo independiente, integrado por universidades y representantes de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer la transparencia y reducir la posibilidad de injerencias políticas.
Rezago judicial afecta a ciudadanos y empresas
Navarro Velasco señaló que las demoras en la resolución de asuntos penales, familiares y juicios de amparo tienen consecuencias directas para la población y pueden afectar la competitividad económica de Nuevo León.
Por ello, llamó a construir un modelo que fortalezca la autonomía de los juzgadores y contribuya a recuperar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
En cuanto al uso de nuevas tecnologías, consideró que la inteligencia artificial puede ayudar a agilizar procesos administrativos y jurídicos, siempre que se utilice como una herramienta complementaria.
Subrayó que estas tecnologías no deben sustituir el criterio, la experiencia ni la sensibilidad humana que requieren las decisiones judiciales.
Finalmente, afirmó que una reforma sólida, consensuada y adaptada a las necesidades de Nuevo León será fundamental para mantener la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, particularmente en una entidad que se ha consolidado como uno de los principales destinos de inversión en México.
