Ciudad de México.- Alejandro Moreno, senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se revisen las actuaciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga, al considerar que sus decisiones han afectado la libertad de expresión y los derechos de la oposición.
El legislador pidió que el caso sea analizado a la luz de la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación estadounidense que contempla la imposición de sanciones económicas y restricciones de entrada a territorio estadounidense en casos que acrediten determinados supuestos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción.
El senador sostuvo que la libertad de expresión requiere una defensa firme y puso como antecedente las medidas adoptadas por Estados Unidos en julio de 2025 contra el juez brasileño Alexandre de Moraes, a quien ese gobierno señaló por acciones que, de acuerdo con sus argumentos, implicaban afectaciones a la libertad de expresión y persecución contra opositores políticos.
A partir de ese antecedente, afirmó que las autoridades estadounidenses cuentan con mecanismos para actuar frente a conductas que consideren graves afectaciones a derechos fundamentales.
Moreno Cárdenas adelantó que la denuncia ante el Departamento de Estado no será la única vía para cuestionar las decisiones de los consejeros electorales. Señaló que el PRI ya impugnó la determinación ante la Sala Superior y que también buscará presentar denuncias ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con el senador, el objetivo es que las instituciones internacionales conozcan lo que considera un deterioro del régimen democrático y posibles afectaciones a la libertad de expresión en México.
En sus declaraciones, acusó al órgano electoral de estar, a su juicio, “sometido y al servicio del gobierno”, además de señalar que algunas de sus decisiones tendrían consecuencias directas para la oposición.
El priista aseguró que su partido continuará utilizando las vías legales nacionales e internacionales para defender la libertad de expresión y sostuvo que no permitirá que, desde su perspectiva, se consolide un régimen autoritario en México.
