La Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado amplió la investigación derivada del procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García por la presunta triangulación de recursos, al solicitar información a las 163 notarías públicas de Nuevo León para identificar posibles operaciones relacionadas con bienes inmuebles del mandatario y su familia.
La presidenta de la Comisión, la diputada Armida Serrato Flores, informó que desde el pasado viernes comenzaron a enviarse oficios a todas las notarías del estado con el propósito de verificar si existen actos jurídicos sobre propiedades que aún no hayan sido inscritas en el Instituto Registral y Catastral.
La legisladora explicó que la intención es conocer si existen adquisiciones o protocolizaciones de bienes inmuebles que todavía no aparezcan en los registros oficiales.
Empezamos a enviar el pasado viernes 163 oficios a las notarías del estado de Nuevo León para efecto de poder saber qué propiedades pudo haber obtenido el Gobernador del Estado y su familia y que no haya agotado el proceso de protocolización.
Armida Serrato
Serrato Flores indicó que esta información se sumará a la que la Comisión busca obtener de diversas instancias, entre ellas dependencias estatales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como parte de la integración del expediente.
Sin embargo, denunció que las secretarías del Gobierno estatal incumplieron con los requerimientos emitidos por la Comisión Anticorrupción, ya que el pasado viernes venció el plazo para que la mayoría de las 69 dependencias respondieran la solicitud de información y ninguna lo hizo.
Ante ello, anunció que enviará un segundo requerimiento a los titulares de las dependencias, advirtiendo que, de persistir el incumplimiento, podrían enfrentar un procedimiento de juicio político y responsabilidades administrativas.
A partir del día de hoy, más tardar mañana, voy a continuar enviándoles recordatorios a los Secretarios de Estado, dándoles prácticamente esta segunda oportunidad de contestar la información que se les solicitó porque de lo contrario serían sujetos a juicio político y también a responsabilidades administrativas.
La diputada también cuestionó un oficio firmado por el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Atención Ciudadana, Héctor Mateos Urbina, mediante el cual pretende centralizar las solicitudes de información dirigidas a las dependencias estatales, pese a que, aseguró, no cuenta con facultades para hacerlo.
Serrato Flores recordó que en anteriores procedimientos de juicio político las secretarías sí atendieron los requerimientos de la Comisión Anticorrupción, por lo que calificó de inusual la falta de respuesta en esta ocasión.
Finalmente, adelantó que la Comisión continuará con el desahogo de las diligencias necesarias para integrar el expediente, proceso que estimó podría concluir aproximadamente en una semana más.
