Durante un encuentro con docentes de Guadalupe, Waldo Fernández, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, afirmó que los maestros representan el primer vínculo entre la ciudadanía y las autoridades, por lo que fortalecer al magisterio también contribuiría a mejorar la seguridad y la prevención del delito.
El aspirante señaló que el personal docente es quien detecta de primera mano situaciones de riesgo que enfrentan niñas, niños y adolescentes, por lo que consideró necesario construir una red de colaboración con el sector educativo para atender de manera oportuna problemáticas sociales.
Como ejemplo, relató que, durante una celebración por el Día de las Madres en una escuela, una mujer le informó sobre un punto de venta de droga ubicado frente al plantel. Tras comunicar el caso a la Fiscalía General de la República, dijo, se realizó un operativo que derivó en la detención de tres personas.
¿Quién se da cuenta cuando un niño se droga, anda en malos pasos o llega golpeado? El maestro o la maestra. Necesitamos generar una red integral de colaboración con ellos para cuidarlos y tener información que prevenga la delincuencia.
Waldo Fernández
Fernández sostuvo que para consolidar ese vínculo es indispensable dignificar las condiciones laborales del magisterio, mediante salarios acordes con la preparación profesional del personal educativo y garantizando el cumplimiento de los pagos a maestros jubilados.
Asimismo, criticó que especialistas, como psicólogos que laboran en escuelas, reciban remuneraciones correspondientes a personal administrativo y cuestionó la situación que enfrentan docentes jubilados para hacer valer prestaciones establecidas en contratos colectivos.
Finalmente, propuso que todos los maestros cuenten con una plaza de base y que los procesos de asignación sean públicos y transparentes para evitar decisiones discrecionales.
Bajo ninguna circunstancia una persona tan importante para su comunidad puede estar sin base. Todos tienen que tener basificación y los procesos de asignación de plazas deben ser transparentes para combatir la corrupción.
