Diversos organismos empresariales y de la sociedad civil de Nuevo León manifestaron su preocupación y desacuerdo ante la iniciativa que será discutida en el Congreso del Estado y que propone ampliar de 30 a 180 días el periodo durante el cual el gobernador Samuel García podría separarse de su cargo mediante un simple aviso al Poder Legislativo, sin necesidad de solicitar licencia.
A través de un posicionamiento conjunto, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (CAINTRA), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (CANACO Monterrey), la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI Nuevo León), la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces (CAPROBI), la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX Nuevo León), Consejo Cívico e INDEX Nuevo León consideraron que una ausencia de hasta seis meses resulta excesiva e innecesaria.
Los organismos señalaron que la legislación vigente ya contempla mecanismos institucionales para atender separaciones prolongadas del titular del Ejecutivo mediante la intervención del Congreso del Estado, por lo que no existe una justificación suficiente para ampliar el plazo actualmente establecido.
Si bien reconocieron la importancia de fortalecer la capacidad de gestión del Estado y promover una mayor vinculación nacional e internacional para atraer inversiones, generar empleos y elevar la competitividad, advirtieron que dichos objetivos deben alcanzarse sin comprometer principios fundamentales como la gobernabilidad, la certeza jurídica, la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes.
Asimismo, expresaron preocupación porque las modificaciones propuestas carecen, a su juicio, de sustento técnico y de referencias nacionales o internacionales que respalden su necesidad. En este sentido, señalaron que la iniciativa podría responder a intereses partidistas de cara al proceso electoral 2026-2027 en la entidad.
Los firmantes advirtieron que permitir que las funciones y responsabilidades del Ejecutivo sean ejercidas durante periodos prolongados por una persona que no fue electa directamente por la ciudadanía podría generar incertidumbre institucional en momentos que requieren liderazgo, coordinación y plena responsabilidad política.
Además, destacaron que la iniciativa no demuestra que la ampliación del plazo contribuya a la atracción de inversiones, al desarrollo económico o a la representación de Nuevo León en los ámbitos nacional e internacional. Por el contrario, afirmaron que el estado se ha consolidado como uno de los principales destinos de inversión del país bajo las reglas actuales, las cuales permiten al Gobernador realizar actividades de promoción sin afectar la estabilidad institucional.
En materia electoral, los organismos subrayaron que cualquier modificación legal debe fortalecer a las instituciones, preservar la pluralidad política y garantizar certeza jurídica para todos los actores involucrados. Consideraron que una eventual reforma electoral requiere análisis técnico riguroso, debate público abierto y la participación de especialistas independientes, por lo que no debe aprobarse de manera acelerada.
Las decisiones apresuradas, sin evidencia técnica y sin espacios de deliberación accesibles a la sociedad, ponen en riesgo la calidad de las soluciones y la confianza ciudadana en los procesos electorales de Nuevo León.
Finalmente, hicieron un llamado a los 42 diputados del Congreso local para que la iniciativa no sea aprobada, con el objetivo de preservar la estabilidad institucional, la gobernabilidad, el equilibrio de poderes, la confianza ciudadana y la competitividad que, afirmaron, distinguen a Nuevo León.
Desde el sector privado y social reiteraron que las reglas democráticas deben diseñarse para fortalecer la legitimidad de las instituciones y garantizar un gobierno eficaz, cercano y de tiempo completo para la ciudadanía.
