El Poder Judicial de Nuevo León presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de Reforma Judicial con el objetivo de fortalecer la independencia de los juzgadores, proteger sus derechos laborales y garantizar la idoneidad de quienes aspiren a ocupar cargos dentro del sistema.
La propuesta fue entregada por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Laura Perla Córdova Rodríguez, acompañada de magistrados, jueces, consejeros y representantes de la comunidad jurídica y académica.
Durante su intervención, la magistrada presidenta explicó que la iniciativa es resultado de meses de trabajo y se basa en un principio central: asegurar la capacidad técnica en el derecho, reforzar la justicia, potenciar la independencia judicial y mejorar la gestión institucional.
Subrayó que la propuesta no replica de manera mecánica la reforma federal, sino que se adapta al contexto jurídico y social de Nuevo León, aprovechando la libertad de configuración legislativa.
Entre los puntos clave destaca un nuevo sistema de elección judicial mediante listas o planillas para jueces y magistrados, mientras que el Tribunal de Disciplina Judicial seguirá el modelo federal de candidaturas unipersonales.
También se plantea homologar la duración de los cargos, establecer suplencias para garantizar continuidad en el servicio, y permitir que los juzgadores participen en procesos electorales sin separarse de sus funciones. Además, se contempla la continuidad de la carrera judicial para quienes no resulten electos.
En materia de profesionalización, se propone un examen de idoneidad a cargo del Instituto de la Judicatura, así como una capacitación obligatoria posterior a la elección. La iniciativa también protege los derechos laborales adquiridos, incluyendo esquemas de jubilación anticipada y la posibilidad de reincorporación a la carrera judicial.
Otro eje relevante es la creación de un Plan Estratégico Judicial al inicio de cada administración, con metas, indicadores y líneas de acción claras para el desarrollo institucional. Asimismo, se establece un plazo de 120 días naturales para la adecuación de leyes secundarias.
Previo a la entrega de la iniciativa, la magistrada sostuvo un encuentro con jueces y juezas, a quienes reiteró que la reforma prioriza la defensa de sus derechos laborales. “Este sistema se ha construido con el esfuerzo de ustedes… no podemos quedarnos callados. Tenemos que ir con todo con la reforma”, expresó.
La reunión concluyó con un respaldo unánime del personal judicial, que reconoció la importancia de consolidar un Poder Judicial sólido. El proyecto fue previamente aprobado por los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en sesiones extraordinarias.
