Un grupo plural de organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales e instituciones académicas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana de reforma constitucional al Poder Judicial de Nuevo León, con el objetivo de fortalecer la confianza en la justicia, garantizar su independencia y elevar los estándares de preparación de quienes aspiren a impartirla.
La propuesta surge en el contexto del nuevo modelo que contempla la elección de personas juzgadoras mediante voto ciudadano a partir de 2027. En este sentido, plantea mecanismos específicos para asegurar que dicho proceso se lleve a cabo con reglas claras, criterios técnicos y garantías de imparcialidad.
Durante su presentación, los promoventes señalaron que la reforma busca equilibrar la legitimidad democrática con la competencia profesional, al subrayar que la impartición de justicia no debe depender de la popularidad o la capacidad de campaña, sino de la preparación jurídica, la ética y la responsabilidad.
La iniciativa se sustenta en dos ejes principales. El primero consiste en garantizar perfiles técnicamente idóneos, mediante la implementación de una evaluación técnico-jurídica obligatoria previa, así como el establecimiento de requisitos más estrictos para las personas candidatas. Además, propone reglas claras para el proceso electoral, entre ellas la prohibición de financiamiento público y privado en campañas judiciales, así como restricciones a la intervención de partidos políticos.
El segundo eje plantea fortalecer la disciplina judicial con independencia, a través de la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial autónomo, con una separación clara entre las funciones de investigación, resolución y revisión, a fin de garantizar el debido proceso y evitar la concentración de poder.
Las organizaciones firmantes coincidieron en que contar con una justicia confiable es fundamental no sólo para el Estado de derecho, sino también para la vida cotidiana de la ciudadanía.
La ciudadanía debe tener la certeza de que quien resuelve un asunto familiar, penal o patrimonial es una persona preparada, independiente y comprometida con la ley.
Asimismo, enfatizaron que la iniciativa no busca limitar la participación democrática, sino fortalecerla mediante estándares que permitan a la población elegir entre los perfiles mejor capacitados.
Finalmente, los promoventes destacaron que la calidad de la justicia tiene un impacto directo en distintos ámbitos, desde la atención de casos de violencia familiar hasta la certeza jurídica necesaria para la inversión y la generación de empleo. En ese sentido, consideraron que la propuesta contribuirá a fortalecer la confianza en las instituciones, mejorar la calidad de las resoluciones judiciales, reducir riesgos de corrupción y generar condiciones más estables para el desarrollo económico y social de Nuevo León.
La iniciativa es respaldada por las siguientes organizaciones e instituciones:
- Consejo Cívico
- Consejo Nuevo León
- Hagámoslo Bien A.C.
- Vertebración Social Nuevo León A.C.
- Promoción de Paz A.B.P.
- Juicio Justo
- Konrad Adenauer Stiftung
- Facultad Libre de Derecho de Monterrey
- Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey
- Universidad Regiomontana
- Universidad de Monterrey
- CEEAD
- COPARMEX Nuevo León
- CANACO SERVYTUR Monterrey
- CAINTRA Nuevo León
- CANADEVI Nuevo León
- CAPROBI Nuevo León
- INDEX Nuevo León
- CMIC Nuevo León
- ANADE Nuevo León
